El independentismo eclipsa las políticas sociales

El gobierno de Catalunya presidido por Quim Torra es cuestionado por priorizar el proyecto independentista a costa de las políticas sociales.

Leyre Flamarique

El President de la Generalitat, Quim Torra, antes de ser investido proponía impulsar las políticas sociales para contrarrestar los meses de «intervención del gobierno central». Aunque pretenden ser el motor del cambio, desde su posesión el pasado mayo, líderes sindicales y sociales aseguran que no se ha sido así y que las necesidades sociales han sido eclipsadas por los lazos amarillos.

Mercedes Martínez, miembro de Marea Blanca  Catalunya, una de las entidades más activas en defensa de la sanidad pública, critica que las acciones relacionadas al independentismo acaparen toda la atención mediática mientras que quedan eclipsadas las iniciativas tendentes a reivindicar los derechos sociales vinculados al estado del bienestar. “Podrían empezar a demostrar el cambio social que quieren hacer y no tener en suspensión todos los derechos sociales hasta que no esté construida esta república», dice Martínez.

Las críticas hacia el ejecutivo se unen a lo que muchos llaman falta de presupuesto – los actuales son los del 2017, prorrogados por la falta de mayoría parlamentaria. Toni Mora, Secretario de Política territorial, Acció Social, Barcelonés i Migracions de CCOO en Catalunya cree que “este gobierno no está haciendo una gestión eficiente en cuanto a políticas sociales. Seguramente el momento político lo dificulta, pero tampoco hemos tenido los presupuestos de la Generalitat que lo permitirían”.

La Generalitat reconoce que en Catalunya hay 350.000 personas en situación de pobreza severa. La renta garantizada para la ciudadanía (RGC) es una ayuda  de 570 euros mensuales que pueden percibir los mayores de 23 años, con dos años de residencia en dicha comunidad autónoma, sin patrimonio y con las ayudas de la Administración agotadas. Una iniciativa legislativa popular aprobada por unanimidad en el Parlament en 2017. Casi dos años después de las 133.746 solicitudes, sólo se han aprobado 10.468. “Todavía no se llega ni mucho menos a un porcentaje satisfactorio de gente que lo solicita y hay un cierto colapso en las oficinas respecto a la tramitación de esos expedientes”, explica Mora. La burocracia ha convertido en un auténtico problema para la consecución de esta prestación. “No se aplica, se ponen trabas o tardan años en otorgarla”, añade Mercedes Martínez.

En noviembre del 2018, funcionarios, médicos, profesores y estudiantes se manifestaban para revertir los recortes del sector público, entre otras peticiones. Se plasmaba así el descontento de la sociedad catalana. Meses después, según Ramón Font, portavoz del sindicato de profesores USTEC, casi ninguna de las demandas de los docentes ha sido atendida. “Harían falta 7.000 profesores más en primaria y secundaria para estar en la misma capacidad de servicios que estábamos en 2010. Esto se ha visto frustrado y ahora exigimos al Gobierno que haga decretos ley para contratar más profesores, que de momento brillan por su ausencia.”

En la sanidad pública la problemática también continúa. Las listas de espera son una de las medidas de la situación de este servicio. Según el Departamento de Salud de Catalunya, el número de personas en espera de una prueba ha aumentado un 23,5% desde que Torra tomó posesión. Aguardan para operarse 17.392 pacientes, un 10% más que en abril de 2018. Y 454.098 usuarios esperan una media de 97 días para ser visitados por el especialista correspondiente.

El debate  de lo que la oposición a Torra llama “inoperancia del gobierno”, ha llegado hasta el propio Parlament. La primera semana de abril el PSC impulsó una moción para que los diputados votaran sobre si el President debía someterse a una moción de confianza o convocar elecciones anticipadas. Eva Granados, portavoz del partido, sostuvo que el gobierno actual “no ha aprobado los  presupuestos, no gobierna, no aprueba leyes”. Finalmente, la moción fue aprobada con 62 votos a favor y la abstención de la CUP, y aunque no tiene ningún efecto vinculante, es una muestra evidente del duro momento político que atraviesa el Govern.